La protección de datos y la obligatoriedad de mayor transparencia fueron hoy viernes 26 de octubre cuestión de profundo debate en el transcurso de la reunión nacional de gerentes de universidades españolas que acoge y organiza la Universidad de La Laguna. Si bien parecen dos valores contradictorios, no lo son, aseguraron los ponentes: los centros de educación superior deben velar con extremo cuidado la privacidad de sus integrantes, al tiempo que han de ser transparentes con sus procesos, sistemas de selección y, en general, con su forma de gobernanza. 

Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft del mismo centro académico, fue el primero en intervenir. “Somos universidad, protegemos personas, no datos. Como universidad no nos podemos permitir el lujo de no estar a la vanguardia de la defensa de los derechos de las personas”, afirmó el catedrático. “Debemos ser líderes en este país, y la protección de datos tiene que estar a la cabeza de ese liderazgo, porque sin ella no hay transformación digital”.

Para el ponente, hay que hacer una lectura de que esta norma es una inversión y ayudará a gestionar los procesos, “y no verlo como una norma antipática”, matizó. La falta de diseño estratégico de las instituciones hace que resulte un  sujeto incómodo a aquél que se ocupe de la protección de datos, que no es una cuestión exclusiva del delegado encargado de esta materia, más bien es una cuestión coral. De hecho, no es casual que se diga que el delegado de datos dependa solamente de la dirección de la organización, porque le hace falta una posición transversal en la compañía.

El ponente también alertó de usos habituales en la docencia que ponen en riesgo la protección de datos, tales como el uso de una red social que sirva como aula virtual, lo que obliga a los estudiantes a poner a disposición sus trabajos en una plataforma cuyo dueño es un operador privado, y a lo que naturalmente pueden negarse.

“Hay que revisar los protocolos de video vigilancia, dado que hay trabajadores sometidos a riesgos nucleares o bacteriológicos, revisar las políticas de protección  de tratamientos que afecten a menores, así como el marco de garantía de los derechos digitales de los trabajadores”, agregó Ricard Martínez.

El esquena nacional de seguridad se había centralizado hasta ahora en los repositorios vinculados a la administración electrónica, mientras que ahora pasa a todo el entorno corporativo, hasta el buzón de sugerencias, concluyó el ponente.

Frances Sole Parellada, presidente de la Fundación Compromiso y Democracia (CYD), que elabora clasificaciones anuales sobre la transparencia de los centros educativos y participante también en la sesión, centró su intervención en el valor de los ránkines, “que forman parte de la transparencia, de eso no hay ninguna duda, porque sirven para compararnos. La transparencia es la suma del propósito, de la eficiencia de lo que tenemos control y de la comparación y uso para la rendición de cuentas”.

El también experto en preparación de planes estratégicos de muchas universidades españolas y latinoamericanas, apuntó que la transparencia “hay que ejercerla, y punto”. Preguntó a los más de 50 gerentes en la sala del Paraninfo si su universidad tenía foco, o no, es decir, si tenían claro lo que hay que hacer, cuál es el modelo de negocio y el propio fin de la universidad.  “Tener una transparencia traslúcida sirve de poco, se ha cumplido malamente, con cuatro datos, y listo, pero no se atiende al propósito”.

El último en intervenir en la sesión de la mañana sobre transparencia fue Miguel Ángel Blanes, miembro de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. “Si la gente no se indigna, no pregunta y no se interesa por lo que se publica en el portal de transparencia de las organizaciones nos es más difícil trabajar. La presión social obliga muchas veces a ser más transparentes”, alegó al comienzo de su ponencia.

Blanes explicó que el silencio es una mala praxis que sigue muy extendida, pero ya hay tribunales autonómicos que han considerado que el silencio es positivo y le da la razón a los demandantes, sobre lo que hay duda si vulnera la competencia estatal. “El silencio positivo ha conllevado buenos resultados, porque las instituciones se han apresurado a contestar”.

Retrasar la información o denegarla es casi lo mismo, explicó el ponente, porque la información no publicada va perdiendo valor a medida que pasan los meses. La exigencia de transparencia ha generado el fenómeno de los archivos vacíos, dado que se ha producido un vaciamiento de contenidos para impedir la rendición de cuentas o la capacidad de crítica, alegó.

La protección de datos y la transparencia no son dos valores antagónicos ni irreconciliables, pero lo cierto es que las instituciones pueden ser mucho más transparentes. “Las universidades están ante una oportunidad excelente para que su reputación no decaiga y se vea incluso fortalecida. No se consigue de la noche a la mañana, hay que dedicarle recursos y tenerlo claro”.